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Juristas de todo el mundo elaboran una definición "histórica" de ecocidio


Polly Higgins lideró una campaña de una década para que el ecocidio fuera reconocido como crimen de lesa humanidad antes de su muerte en 2019.


Fuente: The Guardian - Haroon Siddique - 22 Jun 2021

El proyecto de ley pretende perseguir los delitos contra el medio ambiente



Expertos jurídicos de todo el mundo han elaborado una definición "histórica" de ecocidio, destinada a ser adoptada por el Tribunal Penal Internacional para perseguir los delitos más atroces contra el medio ambiente.


El proyecto de ley, presentado el martes, define el ecocidio como "los actos ilícitos o indiscriminados cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente".


La iniciativa de la Fundación Stop Ecocidio surge en medio de la preocupación de que no se está haciendo lo suficiente para afrontar la crisis climática y ecológica.


Si los miembros de la CPI lo aprueban, se convertirá en el quinto delito que persigue el tribunal -junto con los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión- y en el primer delito internacional nuevo desde la década de 1940, cuando los líderes nazis fueron procesados en los juicios de Núremberg.


El profesor Philippe Sands QC, del University College de Londres, que copresidió el grupo que pasó los últimos seis meses elaborando la definición, dijo: "Los otros cuatro crímenes se centran exclusivamente en el bienestar de los seres humanos. Éste, por supuesto, lo hace, pero introduce un nuevo enfoque no antropocéntrico, a saber, situar el medio ambiente en el centro del derecho internacional, lo que resulta original e innovador".


"Para mí, lo más importante de esta iniciativa es que forma parte de ese proceso más amplio de cambio de la conciencia pública, reconociendo que estamos en relación con nuestro ambiente, que dependemos para nuestro bienestar del bienestar del ambiente y que tenemos que utilizar varios instrumentos, políticos, diplomáticos pero también jurídicos para lograr la protección del ambiente".


La ley de ecocidio se lleva planteando desde hace décadas, y el difunto primer ministro sueco, Olof Palme, impulsó el concepto en la conferencia medioambiental de la ONU celebrada en Estocolmo en 1972. Más recientemente, se estudió la posibilidad de incluir el ecocidio en el estatuto de Roma de 1998 por el que se creó la CPI, pero se abandonó. La abogada escocesa Polly Higgins lideró una campaña de una década para que se reconociera como crimen contra la humanidad antes de su muerte en 2019.


Los miembros del panel, que también incluía a expertos de Samoa, Ecuador y Estados Unidos, tienen la esperanza de que ahora sea el momento adecuado para llegar a un acuerdo.


El otro copresidente, Dior Fall Sow, jurista de la ONU y ex fiscal de Senegal, dijo: "El ambiente está amenazado en todo el mundo por los gravísimos y persistentes daños que se le causan y que ponen en peligro la vida de las personas que viven en él. Esta definición contribuye a subrayar que la seguridad de nuestro planeta debe garantizarse a escala internacional.


"En el contexto actual, en el que los daños graves al medio ambiente son cada vez más importantes y afectan a un gran número de Estados, se podría conseguir su apoyo a esta nueva definición del delito de ecocidio. Se puede pensar, entre otros, en los estados insulares en desarrollo que son objeto de ecocidios ecológicos cometidos por empresas".


Varias pequeñas naciones insulares, como Vanuatu, en el Pacífico, y las Maldivas, en el océano Índico, pidieron que se "considere seriamente" un crimen de ecocidio en la asamblea anual de Estados parte de la CPI en 2019.


El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido la idea, al igual que el Papa, y otros países europeos han expresado su interés.


La CPI ha sido criticada por no investigar los principales delitos ambientales. En 2016, dijo que evaluaría los delitos existentes, como los crímenes de lesa humanidad, en un contexto más amplio para incluir la destrucción del medio ambiente y las apropiaciones de tierras.


Sands dijo que algunos miembros del panel habían presionado para que la definición mencionara explícitamente el cambio climático, pero que se rechazó por el deseo de hacer más difícil que los países -y las empresas- se opusieran a la nueva ley propuesta. En su lugar, se creó "una definición que capta los actos más atroces pero no capta el tipo de actividad diaria en la que muchos de nosotros, incluido yo mismo, y las regiones y los pueblos y países están involucrados y que causan un daño significativo al medio ambiente a largo plazo".


Citó los accidentes nucleares transfronterizos, los grandes vertidos de petróleo y la deforestación del Amazonas como posibles ejemplos de ecocidio, pero, a menor escala geográfica, también la matanza ilegal de una especie protegida importante, como los dos rinocerontes blancos del norte que quedan.


Jojo Mehta, de la Fundación Stop Ecocide, dijo que era un "momento histórico", y añadió: "La definición resultante está bien ajustada entre lo que hay que hacer concretamente para proteger los ecosistemas y lo que será aceptable para los Estados. Es concisa, se basa en sólidos precedentes jurídicos y encaja bien con las leyes existentes. Los gobiernos la tomarán en serio y ofrece una herramienta jurídica viable que responde a una necesidad real y apremiante en el mundo".


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