• Marco Ratto

El crimen de ecocidio debe ser reconocido



Fuente: Liberation - Por Edouard Delattre, abogado — 29 juin 2020

El Ecocidio es un extraordinario ataque de la humanidad al equilibrio del planeta y concierne a los más trágicos daños ambientales.


Etimológicamente, el término se refiere a la "destrucción" de nuestro "hogar" común, la Tierra. Concebido como el delito más grave de daño ambiental, el ecocidio se caracteriza por el daño sistemático y total de un ecosistema, por ejemplo, a través de su explotación excesiva. Por lo tanto, no se dirige a la vida cotidiana de la víctima, sino a las actividades industriales de la empresa multinacional.


El concepto de ecocidio apareció en la década de 1970, tras el derrame por parte del ejército americano de millones de litros de Agente Naranja en el bosque vietnamita, con las desastrosas consecuencias que conocemos para las poblaciones expuestas a él. Desde entonces, los textos internacionales relativos a los conflictos armados se han ocupado de los daños ambientales deliberados en tiempo de guerra, pero por vías distintas del ecocidio: requisitos de protección del medio ambiente o inclusión en los crímenes de guerra. Sin embargo, ese daño ambiental en tiempos de paz nunca ha sido reconocido como un delito en el derecho internacional y, por lo tanto, ninguna convención internacional se ocupa del ecocidio.


Ante la aceleración del cambio climático y la amenaza a los ecosistemas, muchas organizaciones no gubernamentales están incrementando sus esfuerzos para desarrollar el derecho internacional en esta área en tiempos de paz. En 2013, por ejemplo, un movimiento ciudadano europeo propuso tipificar como delito el ecocidio en Europa, a fin de luchar contra los delitos cometidos por personas, responsables de la adopción de decisiones y dirigentes, cuyas órdenes perjudican al medio ambiente y a las personas que dependen de él. En vano. Dado que todas estas iniciativas no han logrado todavía cambiar las líneas a nivel internacional en lo que respecta al ecocidio, corresponde a los Estados más diligentes tomar el relevo a nivel nacional.


Desde este punto de vista, Francia debe dar ejemplo. Y, no, un cuerpo preexistente de derecho internacional no es indispensable para esto. En el pasado, no ha habido necesidad de convenciones internacionales sobre el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero o la corrupción para que los Estados se ocupen de estos temas a nivel interno. Lo mismo se aplica hoy en día al ecocidio. Una docena de países ya lo han tipificado como delito en su legislación penal, entre ellos Vietnam, Rusia y Ucrania. Además, una buena manera de que un estado apoye una causa internacional es trabajar siempre por ella dentro de sus fronteras. Por la uniformidad que implican y las normas que transmiten, las convenciones internacionales sirven tanto a las leyes nacionales vacías como a las que ya están en vigor.


Una vez que el ecocidio se haya tipificado como delito en el derecho penal francés, las empresas y los gerentes que causen conscientemente graves daños ambientales en el territorio nacional serán considerados responsables penalmente, al igual que las empresas y los gerentes franceses que causen esos daños en el extranjero. Esto se aplicará, por ejemplo, a la posible contaminación química por el uso prolongado de la clordecona en las Antillas, el vertido de miles de toneladas de fuel en la costa de Bretaña o, por casualidad, el funcionamiento de las minas de uranio en el Níger, con la contaminación radiactiva del medio ambiente y las poblaciones, y el agotamiento de las fuentes de agua potable.


El objetivo es también inspirar a otros estados a seguir el ejemplo y así crear un efecto dominó. Una por una, las leyes nacionales podrán entonces tratar los diversos problemas ambientales que pueden observarse en todo el mundo: la desertificación de las islas, la desecación del mar o los incendios forestales, la descarga de desechos tóxicos en un puerto o la contaminación química por el funcionamiento de un oleoducto, la destrucción masiva de especies protegidas o la pesca ilegal a gran escala, el tráfico de recursos naturales o de sustancias peligrosas. Eventualmente, una convención internacional puede finalmente reconocer el ecocidio como un crimen y, en ese momento, las Declaraciones de Estocolmo y Río ya no serán reducibles a un "crimen".


El objetivo es también inspirar a otros estados a seguir el ejemplo y así crear un efecto dominó. Una por una, las leyes nacionales podrán entonces tratar los diversos problemas ambientales que pueden observarse en todo el mundo: la desertificación de las islas, la desecación del mar o los incendios forestales, la descarga de desechos tóxicos en un puerto o la contaminación química por el funcionamiento de un oleoducto, la destrucción masiva de especies protegidas o la pesca ilegal a gran escala, el tráfico de recursos naturales o de sustancias peligrosas. Con el tiempo, una convención internacional podrá finalmente reconocer el ecocidio como un crimen y, en ese momento, las declaraciones de Estocolmo y Río ya no serán reducibles a las llamadas grandes palabras.


Como rama del derecho que castiga los comportamientos contrarios al interés público, el derecho penal es perfectamente adecuado para tratar el ecocidio, que es una amenaza ambiental, sanitaria y económica. El objetivo es disuadir porque, incluso hoy en día, contaminar o destruir intencionadamente el medio ambiente es más rentable que no hacerlo. Ello implica prever penas acordes con la gravedad de la conducta adoptada, que castiguen a los autores tanto como impidan que vuelvan a delinquir. Al mismo tiempo, la idea es permitir la plena reparación de las consecuencias catastróficas del comportamiento en cuestión. No cabe duda de que este enfoque supone superar una renuencia que se observa a menudo cuando los intereses económicos se ven obligados a actuar en interés de otros intereses.


Peligro voluntario de las condiciones de vida

Sobre todo, las pocas incriminaciones previstas actualmente en el derecho penal francés para castigar los delitos contra el medio ambiente no corresponden a las situaciones que se pretenden aprehender con el ecocidio. El terrorismo ecológico, por ejemplo, tiene por objeto perturbar gravemente el orden público mediante la intimidación o el terror, es decir, la intención terrorista. Y los demás delitos existentes, que sólo tienen carácter penal, se refieren a situaciones demasiado específicas -descarga de contaminantes en el mar por parte de los buques, emisión de ciertas sustancias contaminantes a la atmósfera o incumplimiento de las normas de tratamiento de desechos- y no se refieren a una puesta en peligro deliberada de nuestras condiciones de vida.


Por lo tanto, el ecocidio debe ser un delito penal. Y su lugar en el código penal ya está bien establecido: el Libro V, que por el momento trata de los delitos en el ámbito de la salud pública y la ética biomédica, así como los abusos graves o actos de crueldad hacia los animales. Sólo falta crear un título adicional dedicado a los delitos contra el medio ambiente, dentro del cual habrá un solo capítulo, por el momento, sobre el ecocidio.


Además de la conformidad con los objetivos del derecho penal, también deben respetarse sus principios rectores. El respeto del principio de legalidad de los delitos y las penas, que es una exigencia constitucional, exige una definición clara y precisa del delito en el Código Penal. La previsibilidad de la mala conducta es un problema. Desde este punto de vista, la superación de la capacidad del planeta, que constituye un grave daño ambiental, puede caracterizarse utilizando los umbrales numéricos de los límites mundiales utilizados por las Naciones Unidas y la Comisión Europea (cambio climático, erosión de la biodiversidad, perturbación de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo, cambios en el uso de la tierra, utilización de agua dulce, agotamiento de la capa de ozono, acidificación de los océanos, contaminación química, concentración de aerosoles en la atmósfera).


Por último, la previsión de penas incurridas en años de prisión penal y en millones de euros en multas no infringe el principio de proporcionalidad de las penas, otro requisito constitucional, puesto que ya se prevén cuantías similares para delitos como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos, cuando son cometidos por bandas organizadas. Entonces, ¿qué estamos esperando?


Edouard Delattre abogado del Colegio de Abogados de París


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