Fuente: The Conversation - Don Driscoll, Bob Pressey, Euan Ritchie, Noel D. Preece - Septiembre de 2020
Los ecologistas y los expertos en conservación del gobierno, la industria y las universidades se ven rutinariamente limitados a comunicar pruebas científicas sobre las especies amenazadas, la minería, la tala y otras amenazas al medio ambiente, según nuestras nuevas investigaciones.
Nuestro estudio, que acaba de publicarse, muestra cómo la información científica importante sobre las amenazas ambientales a menudo no llega al público o a los responsables de la toma de decisiones, incluidos los ministros del gobierno.
En algunos casos, los científicos autocensuran la información por temor a perjudicar sus carreras, perder la financiación o ser tergiversados por los medios de comunicación. En otros, los altos directivos o los funcionarios de los ministerios impidieron a los investigadores hablar con sinceridad sobre cuestiones científicas.
Ese bloqueo informativo, denominado "supresión de la ciencia", puede ocultar del escrutinio público prácticas y políticas perjudiciales para el medio ambiente. Esta práctica es perjudicial tanto para la naturaleza como para la democracia.
Código de silencio
Nuestra encuesta en línea se llevó a cabo desde el 25 de octubre de 2018 hasta el 11 de febrero de 2019. A través de la publicidad y otros medios, nos dirigimos a los ecologistas australianos, los científicos de la conservación, los responsables de las políticas de conservación y los consultores ambientales. Esto incluyó a académicos, empleados del gobierno y científicos que trabajan para la industria como consultores y organizaciones no gubernamentales.
Unas 220 personas respondieron a la encuesta, incluyendo:
88 que trabajaban en universidades
79 trabajando en el gobierno local, estatal o federal
47 trabajando en la industria, como ser en consultoras ambientales y en ONGs ambientales
6 que no pudieron ser clasificados.
En una serie de preguntas de opciones múltiples y otras abiertas, preguntamos a los encuestados sobre la prevalencia y las consecuencias de la supresión de la comunicación científica.
Alrededor de la mitad (52%) de los encuestados del gobierno, el 38% de la industria y el 9% de las universidades se les había prohibido comunicar información científica.
Las comunicaciones a través de los medios tradicionales (40%) y redes sociales (25%) fueron las más comúnmente prohibidas en todos los lugares de trabajo. También hubo casos en que se prohibieron las comunicaciones internas (15%), las presentaciones en conferencias (11%) y los artículos de revistas (5%).
"Los ministros no reciben información completa”
Alrededor del 75% de los encuestados informaron de que se habían abstenido de hacer una contribución al debate público cuando se les había dado la oportunidad - más comúnmente en los medios de comunicación tradicionales o en los medios sociales. Un pequeño número de encuestados autocensuraron las presentaciones en conferencias (9%) y los documentos revisados por pares (7%).
Los factores que limitaron el comentario de los encuestados del gobierno incluyeron la alta gerencia (82%), la política en el lugar de trabajo (72%), la oficina de un ministro (63%) y la gerencia media (62%).
El temor a las barreras al progreso (49%) y la preocupación por la tergiversación de los medios de comunicación (49%) también desalentaron la comunicación pública de los encuestados del gobierno.
Casi el 60% de los encuestados del gobierno y el 36% de los encuestados de la industria reportaron comunicaciones internas indebidamente modificadas.
Un encuestado del gobierno dijo:
"Debido a la 'gestión de riesgos' en el sector público [...] los ministros no están recibiendo información completa y asesoramiento y/o esto está siendo 'masajeado' por asesores (sic)".
Los encuestados universitarios, más que en otros lugares de trabajo, evitaron los comentarios públicos por temor a ser tergiversados por los medios de comunicación (76%), por temor a que se les saque de sus áreas de conocimiento (73%), por estrés (55%), por temor a que la financiación se vea afectada (53%) y por incertidumbre sobre su área de especialización (52%).
Un encuestado universitario dijo:
"Propuse un artículo en The Conversation sobre los impactos de la minería [...] A la uni en la que trabajé no le gustó la idea ya que recibieron financiación de (la compañía minera)".
Cuestiones críticas de conservación han sido suprimidas
La supresión de información fue más común en el tema de las especies amenazadas. Alrededor de la mitad de los encuestados de la industria y el gobierno, y el 28% de los encuestados de la universidad, dijeron que sus comentarios sobre el tema eran limitados.
Los encuestados del gobierno también informaron de que sus comentarios sobre la tala de árboles y el cambio climático eran limitados.
Un encuestado del gobierno dijo:
"A menudo se nos prohíbe (hablar) sobre los verdaderos impactos de, digamos, un proceso amenazador [...] especialmente si el gobierno hace poco por mitigar la amenaza [...] De esta manera el público a menudo permanece 'en la oscuridad' sobre el verdadero estado y tendencias de muchas especies".
Los encuestados universitarios se vieron obligados a hablar de los animales salvajes.
Un encuestado universitario dijo:
"Al no poder informar sobre los dudosos asuntos de mi universidad con respecto a mi investigación y sus resultados, siento que no estoy haciendo bien mi trabajo. La universidad evita activamente cualquier mención de la especie que estudio o de un proyecto de estudio debido a intereses financieros creados en algún hábitat clave".
Los encuestados de la industria, más que los de otros sectores, se vieron limitados a la hora de comentar los impactos de la minería, el desarrollo urbano y la tala de vegetación nativa. Un encuestado de la industria dijo:
"Un proyecto [...] claramente tuvo impactos inaceptables en una especie en peligro crítico [...] el proceso de aprobación ignoró esos impactos [...] El hecho de no poder hablar significa que nadie en el proceso estaba dispuesto o era capaz de abogar por la conservación o hacer que el público tomara conciencia del problema".
El sistema está roto
De los encuestados que habían comunicado información públicamente, el 42% había sido acosado o criticado por hacerlo. De esos, el 83% creía que los acosadores estaban motivados por intereses políticos o económicos.
Unos 77 encuestados respondieron a una pregunta sobre si habían sufrido consecuencias personales como resultado de la supresión de información. De estos, el 18% dijo que habían sufrido efectos sobre la salud mental. Y el 21% informó de una mayor inseguridad laboral, daños en su carrera, pérdida de empleo, o había abandonado el campo.
Un encuestado dijo:
"Declaré que la (acción) no es segura para proceder. Fui desautorizado y las propiedades y bienes fueron impactados. Se me dijo que guardara silencio o que no volvería a tener un trabajo".
Otro dijo:
"Como consultor que trabaja para empresas que dañan el medio ambiente, tienes que creer que estás teniendo un impacto positivo, pero después de años de observar lo roto que está el sistema, no poder hablar legalmente se hace más difícil de tratar".
Se necesita un cambio
Reconocemos que recibimos subvenciones que implican contratos que restringen nuestra libertad académica. Y algunos de nosotros nos autocensuramos para evitar riesgos a las subvenciones del gobierno, lo que resulta en un conflicto moral personal y un público menos informado. Al iniciar este proyecto de investigación, uno de nuestros colegas se negó a contribuir por temor a perder la financiación y arriesgar el empleo.
Pero Australia se enfrenta a muchos problemas ambientales complejos y exigentes. Es esencial que los científicos sean libres de comunicar sus conocimientos sobre estos temas.
Los códigos de conducta de los funcionarios públicos deben revisarse para permitir a los científicos del gobierno hablar libremente de sus investigaciones, tanto en el ámbito público como en el privado. Y los científicos del gobierno y otro personal deben informar a las nuevas autoridades ambientales estatales y federales independientes, para minimizar la interferencia política y de la industria.
El libre flujo de información asegura que la política gubernamental esté respaldada por la mejor ciencia. Los dólares para la conservación se invertirían de forma más inteligente, se evitarían errores costosos y las intervenciones se orientarían de forma más eficaz.
Y lo que es más importante, ayudaría a asegurar que el público esté debidamente informado, un principio fundamental de una democracia floreciente.